La ley
urgente que ha creado el llamado nuevo Consejo Navarro de Diálogo Social, en el
que sólo están financiados con más dinero público UGT, CCOO y la CEN, carece de
una justificación real y es cuestionable democráticamente.
los votos de
UPN y PSN dieron luz verde en el Parlamento de Navarra a la ley que pone en
marcha el que denominan Consejo Navarro de Diálogo Social, en el que sólo están
representados UGT y CCOO y una de las patronales navarras, la Confederación de
Empresarios de Navarra (CEN), como vía de acceso a nuevas subvenciones públicas
directas para estos tres agentes sociales, aunque en la normativa aprobada no
se especifica la cuantía. En ningún momento hubo intención de invitar a otros
agentes sociales o empresariales de Navarra, lo que ya cuestiona la
legitimidad, incluso la legalidad, de la propuesta.
Ciertamente, no hay
argumentos objetivos creíbles a favor de la creación de esta institución más
allá de la suma de nuevas líneas presupuestarias de acceso a ayudas de los
recursos públicos. UGT, CCOO y la CEN reciben ya cada año millones de euros a
través de los Presupuestos de Navarra y de los diversos organismos dependientes
de del Servicio Navarro de Empleo en los que participan. Es una realidad
presupuestaria anual que no pone en duda, al menos en principio, la legitimidad
del uso y destino de ese dinero. Pero el sonrojante hecho de que la proposición
de ley presentada por el PSN se haya tramitado a toda velocidad pone en
evidencia un interés poco transparente.
No se trata, como alegan UPN y PSN y
los beneficiados, de avalar las posiciones contrarias a la concertación social
y favorecer las de la confrontación laboral. No es eso. Se trata de poner en
cuestión un sistema poco transparente, como ya denunció la Cámara de Comptos -y
tampoco es casualidad que las prisas actuales coincidan con la próxima
publicación de un nuevo informe de fiscalización sobre las ayudas recibidas por
estos tres agentes-, que sus protagonistas, con actuaciones como la aprobación
por la gatera de esta ley, parecen empeñados en hacer aún más oscurantista. La concertación
social tiene valor en función de los objetivos alcanzados, y la labor sindical,
con aciertos y errores, no se limita a UGT y CCOO -apenas representan el 53%
del total del movimiento sindical en Navarra-, por lo que en caso de que el
Consejo de Diálogo Social tuviera como finalidad principal animar y facilitar
el ejercicio del trabajo sindical, como defienden sus impulsores, debiera estar
abierto al conjunto de los agentes socioeconómicos.
Lo contrario, la exclusión
del resto de la representación de los trabajadores y trabajadoras navarras, es
cuestionable democráticamente y un uso discriminatorio y partidista de los
recursos públicos de los contribuyentes navarros.
Editorial de Diario de Noticias Viernes 7 Noviembre 2014
